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El CERMI propone a la Administración central adoptar un ambicioso plan de contratación pública socialmente responsable.

28/05/2010

Dicho Plan, que debería ser adoptado por el Consejo de Ministros propuesta del Ministerio de Sanidad y Política Social, contendría mandatos a todos los órganos de contratación de la Administración General del Estado para que incluyeran de oficio cláusulas sociales en todas las licitaciones públicas.

La vigente legislación sobre contratación pública aprobada en 2007 permite a las Administraciones potenciar la dimensión social en las licitaciones, exigiendo condiciones de accesibilidad a productos y servicios, reservando directamente contratos a centros especiales de empleo o descartado de los procesos de adjudicación a las empresas que estando obligadas no cumplan la reserva legal de empleo en favor de trabajadores con discapacidad.

Para el CERMI, es imprescindible que la Administración central tome conciencia de toda la potencialidad social que le permite la Ley de Contratos del Sector Público, para una época de aguda crisis como la actual hacer de las licitaciones públicas una herramienta de las políticas de inclusión para personas con discapacidad.

Algunos Departamentos ministeriales, como el Defensa o Educación, ya están aplicando estas medidas en su ámbito de contratación, pero se necesita un plan global que extienda estas buenas prácticas a toda la Administración del Estado.

La Comunidad Foral de Navarra, por su parte, ha aprobado recientemente una Ley autonómica que reserva obligatoriamente un 6% de los contratos públicos a centros especiales de empleo y a empresas de inserción, medida que el CERMI espera que se extienda al resto de Comunidades Autónomas y al Estado.

Lectura fácil:

El CERMI propone a la Administración central un plan de contratación pública socialmente responsable en relación con la discapacidad.

Dicho Plan, que debería ser adoptado por el Consejo de Ministros obligaría a todos los órganos de contratación de la Administración General del Estado a incluir cláusulas sociales en todas los contratos públicos.

La Ley de contratación pública de 2007 permite a las Administraciones reservar contratos públicos a Centros Especiales de Empleo o descartar a empresas que no cumplan la reserva legal del 2% a favor de trabajadores con discapacidad.

Para el CERMI, es imprescindible que la Administración tome conciencia de la potencialidad social que le permite la Ley de Contratos del Sector Público, sobre todo en una época de crisis como la actual, y hacer de los contratos públicos una herramienta para la inclusión de personas con discapacidad.

Algunos Departamentos ministeriales ya están aplicando estas medidas, pero se necesita un plan global que extienda estas buenas prácticas a todo el Estado.

Navarra ha aprobado recientemente una Ley que reserva "obligatoriamente" un 6% de los contratos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción, medida que el CERMI espera se extienda a toda España

 
 
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